Se aclara que en este artículo no se habla de la JEP que es el punto cinco del acuerdo el cuál hace poco el Congreso básicamente destruyo y violo el derecho a la verdad que tenemos todos los colombianos y principalmente las víctimas, en el ensayo se habla del punto dos del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. Escrito por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

Participación Política de las FARC: factor clave en el postconflicto.

Colombia se dirige hacia la implementación del pluralismo político enfrentándose a grandes obstáculos. El 24 de noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC firmaron el acuerdo de Paz con el que se puso fin al conflicto bélico que atormentó al país durante los últimos cincuenta y tres años. El punto dos de este acuerdo, firmado en la Habana, hace referencia a la participación política que desempeñarán las FARC en la etapa de posconflicto. Este es uno de los puntos más controvertidos y discutidos por parte de los opositores del acuerdo, ya que según lo pactado se establece que el nuevo partido tiene garantizados cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado durante las próximas dos legislaturas, aunque no alcancen el mínimo de votos exigidos.

Según lo acordado en la Habana, tras la firma y entrega de las armas cada integrante de las FARC se convirtió en un ciudadano activo del estado, titular de derechos civiles y políticos por lo cual estos exguerrilleros pueden ejercer cargos políticos. Según la Constitución Política de 1991 cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer políticamente, como lo dice el artículo 40: “todo ciudadano puede constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas” (p. 6). Cumpliendo los requisitos que estipula la ley, los miembros de la exguerrilla crearon su nuevo partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sin embargo, los detractores se han pronunciado y afirman que pretenden modificar este punto si llegan a gobernar el siguiente periodo, como lo dijo el senador Álvaro Uribe:

Si uno de los nuestros, nuestro candidato del Centro Democrático o de la coalición con el ex presidente Pastrana, la doctora Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordoñez…gana la presidencia el año entrante, como lo he dicho, nosotros modificamos, pero no desconocemos los acuerdos (Uribe, Álvaro, 2017, El Espectador, p1).

Por otra parte, los que están a favor abogan por cumplir los parámetros establecidos en el Acuerdo de Paz, como lo menciona Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno con las FARC:” Yo creo que los colombianos no van a apoyar ese tipo de ideología rebelde, pero eso no significa que se eliminen las garantías que requiere un movimiento de esa naturaleza para continuar legalmente en el ejercicio de la política”(De la Calle, Humberto, 2017, p 1).

Analizando los hechos sucedidos en el pasado y tomando como ejemplo países con problemáticas similares a las nuestras, se ha evidenciado que la tarea no acaba al firmar los acuerdos de paz, el cumplimiento es fundamental en la etapa de posconflicto, especialmente el punto de participación política, ya que las diferencias ideológicas fueron una de las principales causas del conflicto en nuestro país. Además, el acatamiento de lo firmado en relación al pluralismo político servirá de punto de partida para las negociaciones con el ELN; por ende nos encontramos en un punto crítico, de tal manera que las decisiones políticas que se tomen tendrán consecuencias a nivel nacional. Por lo tanto, ya de cara a las elecciones presidenciales de 2018 el rumbo que tomemos para el país lo determinaremos como ciudadanos eligiendo al próximo gobierno.

La inclusión política de las FARC sería una muestra contundente de que el pluralismo político, el cual es fundamental para la consolidación de un estado democrático e incluyente, si puede ser posible en un país como Colombia, como lo establece la Constitución de 1991:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 112)

 Así mismo , el punto dos del Acuerdo de Paz hace especial énfasis en la importancia del pluralismo político: “La construcción...de la paz…requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo…” (Acuerdo de Paz, 2016, p 36). Está claro que con la inclusión de la FARC en la esfera política, se ampliarán los horizontes democráticos, que sentaran las bases sólidas para forjar la paz en Colombia y llevar a cabo eficientemente la etapa de posconflicto.

Sin embargo, aun existiendo las bases del pluralismo político estas ya se han violentado en el pasado, un ejemplo de ello es el genocidio perpetrado contra los miembros del partido político Unión Patriótica. En 1984 dos frentes de las FARC y el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Belisario Betancur, firmaron un acuerdo de paz en el que después de que ambos bandos ordenaron el cese al fuego, se inició el proceso de reincorporación a la vida civil de cientos de guerrilleros; en consecuencia, surgió la Unión Patriótica, cuyo objetivo era representar los objetivos y aspiraciones políticas de las FARC. No obstante, pese a que el Estado se comprometió a brindar las garantías necesarias para la reinserción de los excombatientes a la vida civil; se fueron presentando cada vez más casos de persecución y muerte a miembros de la UP como lo ocurrido a Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, perpetrados y auspiciados por el Gobierno a través de grupos paramilitares. Debido a esto, las FARC se desligaron del partido político y volvieron a la lucha armada, ya que el Estado no cumplió con las garantías pactadas en el Acuerdo.

Por lo tanto, las bases del pluralismo político son fundamentales para acabar con la discriminación, exclusión y estigmatización. “Lo que paso con la UP no se puede repetir en Colombia, no se pueden matar a la gente por su pensamiento político. Tendríamos que estar todos, todos hacemos falta” (Aida Abella Esquivel, EL baile rojo, p 101).

Ahora bien, pese a que el Acuerdo de Paz con las FARC de 1984 fue un fracaso, podemos encontrar ejemplos de procesos de paz que se realizaron de manera exitosa en otros países con un contexto social y cultural similar a Colombia. En países como Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se llevaron a cabo procesos de paz, una vez finalizó el conflicto estos grupos guerrilleros lograron consolidarse como partidos políticos. En ambos países han sido electos presidentes que alguna vez empuñaron las armas en contra del gobierno; esto demuestra que la reconciliación y la participación política de opositores al gobierno si es posible, como lo expresa el presidente de El Salvador, uno de los principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí:” La paz es el bien más preciado que puede tener un pueblo, y solo se alcanza con la voluntad de toda una nación” (Salvador Sánchez Cerén, 2016).

En aras de evitar un nuevo fracaso en el cumplimiento de los acuerdos, el alto tribunal de la Corte Constitucional estableció el Acto legislativo 02 de 2017 que creó una protección que respalda los acuerdos de paz especialmente en los puntos de participación política y amnistía que protege a los exguerrilleros para poder constituirse políticamente. De esta forma se afianza el compromiso del gobierno, ya que este blindaje compromete a los próximos tres mandatos a cumplir los mismos; como lo dijo la Corte:” las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” (Guerrero, Guillermo, 2017). Por lo tanto, así sea de un partido opositor a los acuerdos quien gane las elecciones de presidencia de 2018 debe cumplir los acuerdos de paz.

Después de blindarse el Acuerdo, el Consejo Nacional Electoral dio a la FARC la personería jurídica y la colectividad, que le permitieron lanzar su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, así como candidatos al Senado y Cámara con los cupos ya garantizados, hecho que afianza el respaldo a la oposición política en términos del pluralismo, todo esto en el marco de lo que afirma la Constitución Política de 1991 y el Acuerdo de paz. Si bien es poco probable que el candidato de la FARC gane las elecciones es un gran paso el hecho que después de un proceso de paz exista un candidato guerrillero lanzado a la presidencia.

El blindaje y el hecho de lanzar sus propios candidatos es importante, pero no es garantía en términos de pluralismo político y consolidación de los demás puntos del acuerdo, a pesar de dicho respaldo, el riesgo de que los acuerdos sean modificados es aún latente frente a las amenazas de partidos que quieren literalmente destrozarlos, como la misma Corte afirmó: “hay margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para este, en el marco de lo convenido” (Guerrero, Guillermo, 2017,p1).

Los acuerdos se deben cumplir, pero en caso de ganar un partido opositor la presidencia podrá ser modificados según la interpretación, además, como lo ha afirmado Ernesto Macías Tovar miembro del partido Centro Democrático: “una Constituyente está por encima de la Corte, un referendo está por encima de la Corte, un plebiscito está por encima de la Corte" (Macías, Ernesto, 2017). El Acuerdo Final tiene una estabilidad jurídica pero al no ser parte de la Constitución está en vilo, como bien lo afirma el jurista español y asesor de las FARC Enrique Santiago: “que la implementación de los acuerdos fracase está al alcance de la mano" (Enrique, Santiago, 2017, min 2).

A pesar de lo endeble del blindaje y de las posibles medidas de los opositores frente al acuerdo ya han empezado los diálogos entre el gobierno y ELN, por lo tanto el cumplimiento de los acuerdos con las FARC principalmente el aspecto político es fundamental para que prosperen los actuales diálogos con el ELN. El cumplimiento de los acuerdos es clave para la incorporación política de otros grupos insurgentes, evitando así nuevos levantamientos armados como lo ocurrido  con la guerrilla del EPL.

Debido a estas circunstancias la participación política de la FARC está en la cuerda floja, pues en cualquier momento puede caerse, ya sea bien porque el blindaje sea tumbado por un plebiscito, una constituyente, una reforma o el próximo gobierno sea opositor e interprete los acuerdos en un sentido de exclusión política, son varios y altos los riesgos de los acuerdos de paz  y es más alto el riesgo a la violación del derecho a la participación política por parte de la oposición, dado este caso pueden volver a ocurrir hechos como asesinatos a líderes políticos como lo que pasó con la UP, también puede ocurrir que las disidencias nutran de nuevo el doloroso conflicto armado o pueden llegar a romperse los diálogos con el ELN.

El cumplimiento de los Acuerdos de paz principalmente en del punto dos no debe ser solamente respaldado por los altos mandos políticos, la sociedad colombiana debe entender que el abandono de las armas para unirse a la participación democrática es fundamental para consolidar la paz como se afirmó durante los acuerdos

…el concepto de paz no se reduce exclusivamente a un proceso de desmovilización… sino que va más allá, abarcando determinadas consideraciones económicas, políticas y sociales, que… han sido calificadas como causantes del origen… y de la violencia política en el país. (Arboleda Ramírez, Paulo Bernardo, 2013, La agenda de paz: participación política de las FARC-EP y la justicia transicional en Colombia. p 4).

Así, la sociedad colombiana llevará consigo la responsabilidad del futuro de Colombia, teniendo en cuenta lo que dice Jairo Rivera, miembro de la agrupación política comprometida con la implementación de los acuerdos, Voces de Paz:

…la paz no es… una decisión politiquera…para hacer campaña en las elecciones presidenciales de 2018, es un propósito ético, porque un país sin guerra…sin uso de las armas, siempre será mejor que un país donde la política sea a través de ellas. (Jairo Rivera, 2017, min 3)

Las decisiones políticas que se tomen en relación al acuerdo, tendrán consecuencias que serán determinantes frente al futuro que queremos forjar tras cincuenta y tres años de guerra.

Por lo tanto, está en manos de los electores el futuro de Colombia si deciden cambiar las armas por las palabras o caer en un limbo que probablemente nos lleve a un conflicto más grande; la participación política que tendrá la FARC en el escenario del posconflicto será fundamental para la consolidación de la paz, de manera que la participación democrática reemplace el uso de las armas, para así llevar a Colombia a consolidarse como una nación participativa e incluyente, sustentada por las bases del pluralismo político.

  

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